Los apartamentos turísticos de la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre en contra del decreto ley de la Generalitat

La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Daurada y las Terres de l’Ebre (AAT) se ha mostrado en contra del nuevo decreto ley de la Generalitat de Catalunya. Según Joan Calvet, presidente de la AAT, «esta medida es irresponsable y se ha tomado de forma precipitada y contraria a derecho». Además, Calvet añade que “no se nos ha tenido en cuenta para nada, nuestra opinión no les ha importado. Reclamamos una comisión de expertos que haga un diagnóstico del sector antes de poner en marcha ley. La Generalitat no ha aportado ningún estudio sobre el impacto de la actividad de las viviendas turísticas en Catalunya”.

La Asociación de Apartamentos Turísticos que representa a 25.000 plazas de toda la provincia asegura que se está ante una expropiación encubierta y que, si se aprueba la propuesta del Gobierno en su redacción actual, “la Generalitat debería afrontar las reclamaciones de indemnización que podrían exigir hasta 20.000 familias tarraconenses propietarias de viviendas turísticas, cuyas licencias ahora se pretende expropiar. Esto equivale a cientos de millones de euros».  Calvet asegura que “la reducción de viviendas de uso turístico (HUTS) que se propone en municipios donde el turismo es la actividad económica predominante como son Salou, Cambrils, Calafell o Torredembarra tendrá un impacto muy negativo en el comercio, supermercados y restauración”.

Calvet concluyó afirmando que «la Generalitat quiere hacer ver a la opinión pública que están tomando medidas para resolver el creciente problema del acceso a la vivienda en Cataluña. Obviamente, de ninguna forma lo solucionarán prohibiendo nuestra actividad, ya que las viviendas de uso turístico representamos un porcentaje muy reducido respecto al total del parque de viviendas catalán. Nuestra actividad no es la causante de los incrementos de precios en la vivienda».

Según la AAT, esta nueva regulación puede llegar a suponer la eliminación del 40% de la oferta de alojamiento reglado catalán en un período de 5 años. Unos datos que equivalen al 2,94% del PIB turístico del país y al 80% de las viviendas turísticas en toda Cataluña. También se perderían 25.000 empleos y unos 3.000 millones de euros, que es el impacto económico directo del sector. “Además, es necesario sumar todo el impacto económico indirecto que generamos a empresas de ocio, comercio y restauración”, puntualiza Calvet.

Esta entidad está financiada por el Fondo Social Europeo como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. Subvención concedida para la Contratación laboral de personas de 30 y más años (SOC-CONT30IMES)

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis amb les seves preferències mitjançant l'anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús.