El sector de las viviendas de uso turístico (VUT) de la Costa Daurada y de las Terres de l’Ebre ha presentado reclamaciones patrimoniales contra la Generalitat de Catalunya por un valor acumulado de 93 millones de euros, como respuesta al impacto económico y patrimonial del Decreto Ley 3/2023. Esta normativa, impulsada por el anterior gobierno de la Generalitat de Catalunya, plantea la retirada de licencias de viviendas turísticas a partir de 2028, una medida que desde el sector consideran que pone en riesgo el futuro económico de este tipo de alojamiento .
«El Decreto Ley 3/2023 nos aboca a una situación de incertidumbre que no es aceptable para ningún empresario, ni trabajador del sector», ha declarado Joan Calvet, presidente de la Asociación de Apartamentos de la Costa Daurada y Terres de l’Ebre. «Estamos hablando de miles de euros invertidos en mejoras y reformas, que ahora podrían perderse, además de cientos de puestos de trabajo que se ven afectados por la inestabilidad que genera esta normativa», ha añadido.
Medida con graves consecuencias económicas y sociales
La base de estas reclamaciones se encuentra en la Disposición Transitoria 2ª del Decreto Ley, que estipula una expropiación encubierta de las licencias turísticas en un plazo de cuatro años. Aunque todavía no se ha implementado plenamente, los efectos del decreto ya se hacen notar, con una depreciación de los inmuebles afectados, una caída de la confianza en el mercado, y la imposibilidad de planificar y amortizar inversiones a largo plazo.
«Estamos ante una normativa que pone en riesgo la viabilidad de la oferta de un tipo de alojamiento turístico que ha sido clave para nuestros destinos durante décadas», ha destacado Joan Calvet. «Estas políticas se han aprobado sin consultar ni escuchar las necesidades del sector, y esto puede suponer una pérdida de competitividad para toda la demarcación», ha advertido el presidente de la asociación, subrayando que las VUT constituyen una pieza importante en el modelo turístico de la Costa Daurada y Terres de l’Ebre.
Compromiso con una regulación justa y lucha contra el intrusismo
En este contexto, la Asociación de Apartamentos de la Costa Daurada y Terres de l’Ebre defiende una “regulación justa y equilibrada” que permita garantizar la oferta legal de VUTs y combatir el intrusismo de manera efectiva. «No nos oponemos a la regulación, pero ésta debe ser coherente, hecha con criterio, y con una perspectiva que garantice la continuidad de un sector que genera puestos de trabajo y promueve el turismo de calidad», ha afirmado Calvet.
Reclamaciones patrimoniales de más de 5.000 millones de euros en toda Cataluña
La Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (FEDERATUR), junto con la Asociación Turística de Apartamentos Costa Brava-Pirineus de Girona (ATA), la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona y la Asociación de Apartamentos de la Costa Daurada y Terres de l’Ebre han impulsado este proceso de reclamaciones patrimoniales como una de las vías para oponerse a una regulación que consideran que no sólo es contraria a derecho, sino que también ha sido aprobada sin consenso ni consulta de los sectores afectados. Las reclamaciones patrimoniales presentadas en toda Cataluña ascienden a más de 5.000 millones de euros.
