La Asociación de Apartamentos Turísticos de la Costa Daurada y Terres de l’Ebre (AAT) apoyó ayer en Salou la presentación del movimiento Trabajadores por el Alquiler Turístico (TLT), en un acto celebrado en la Sala Europa del Teatre Auditori que reunió a representantes institucionales, profesionales del sector y trabajadores vinculados a la actividad turística. El encuentro sirvió para poner de manifiesto el impacto que puede tener el Decreto Ley 3/2023 sobre las viviendas de uso turístico y, en consecuencia, sobre el conjunto de la economía local.

El acto contó con la participación del alcalde de Salou, Pere Granados, quien expresó el apoyo del municipio al sector y destacó que las viviendas de uso turístico constituyen una oferta necesaria para el territorio, con un impacto directo y positivo sobre el comercio y la restauración. Por su parte, el presidente y portavoz de TLT, Guillem Laporta, recordó que Salou es uno de los municipios más afectados por la normativa, advirtiendo que podría comportar el cierre de más de 20.000 plazas y poner en riesgo hasta 10.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Durante la jornada se celebró también una mesa redonda moderada por el tesorero de la AAT, Quim Cristià, en la que participaron representantes del tejido comercial, entidades sociales y trabajadores del sector. Los ponentes coincidieron en señalar que el decreto plantea una reducción significativa de las viviendas de uso turístico sin tener en cuenta la realidad económica y social de la Costa Daurada, con posibles consecuencias negativas para múltiples actividades vinculadas al turismo.

La presidenta de la AAT, Olena Tokarenko, remarcó la importancia de dar visibilidad al impacto real de esta regulación e hizo un llamamiento a la unidad del sector, “no estamos hablando solo de viviendas turísticas, sino de miles de familias que dependen directa o indirectamente de esta actividad. Es necesario escuchar al territorio y encontrar soluciones equilibradas que no pongan en riesgo nuestro modelo económico”. Tokarenko también subrayó que “la colaboración entre entidades, trabajadores y administraciones es clave para defender un sector que aporta valor, empleo y dinamismo a nuestro destino”.

Desde la AAT y TLT se reclama una respuesta conjunta para frenar una regulación que consideran desproporcionada y que amenaza la continuidad de miles de puestos de trabajo. El Decreto Ley 3/2023, aprobado en noviembre de 2023, prevé la extinción de las licencias vigentes en noviembre de 2028, una medida que afecta a cerca de 95.000 viviendas en toda Cataluña y pone en peligro el empleo de más de 200.000 personas.

Trabajadores por el Alquiler Turístico es un movimiento que agrupa a trabajadores, proveedores locales y autogestores de diversos ámbitos, como la limpieza, las reparaciones o el comercio, con el objetivo de promover la derogación del Decreto Ley 3/2023 y defender la continuidad de una actividad clave para la economía del territorio.